IP/09/570 Bruselas, 14 de abril de 2009Telecomunicaciones: la Comisión pone en marcha acciones judiciales contra el Reino Unido en un asunto sobre la protección de la intimidad y de los datos personalesLa Comisión ha incoado un procedimiento de infracción contra el Reino Unido a raíz de una serie de denuncias realizadas por usuarios de Internet británicos y de amplios contactos de la Comisión con las autoridades británicas sobre el uso por los proveedores de servicios de Internet de una tecnología de publicidad basada en el comportamiento (behavioural advertising) llamada «Phorm». El procedimiento aborda varios problemas suscitados por la aplicación británica de las normas comunitarias de protección de la intimidad (ePrivacy) y de los datos personales, conforme a las cuales los países de la UE deben garantizar, entre otras cosas, la confidencialidad de las comunicaciones prohibiendo la interceptación y la vigilancia sin el consentimiento del usuario. Estos problemas se detectaron durante la investigación de la Comisión sobre la actuación de las autoridades británicas ante las denuncias sobre Phorm de los usuarios de Internet. Según declaraciones de la Comisaria comunitaria de Telecomunicaciones, Viviane Reding, «tecnologías como las que facilitan la publicidad basada en el comportamiento en Internet pueden ser útiles para las empresas y los consumidores, pero deben utilizarse cumpliendo las normas comunitarias. Estas normas sirven para proteger la intimidad de ciudadanos y todos los Estados miembros deben hacerlas cumplir rigurosamente. Hemos seguido el asunto Phorm durante algún tiempo y hemos llegado a la conclusión de que resulta problemático el modo en que el Reino Unido ha aplicado parte de las normas comunitarias sobre la confidencialidad de las comunicaciones. Insto a las autoridades británicas a enmendar su legislación nacional y a velar por que las autoridades nacionales estén debidamente habilitadas y puedan imponer sanciones adecuadas para hacer cumplir el Derecho comunitario sobre la confidencialidad de las comunicaciones, lo que debería permitir al Reino Unido responder más enérgicamente a los nuevos retos que representa para ePrivacy y la protección de los datos personales asuntos como el de Phorm. Esto también debería de contribuir a tranquilizar a los consumidores británicos sobre la protección de sus intimidad y de sus datos cuando navegan en Internet». Desde abril de 2008, la Comisión ha recibido varias preguntas de ciudadanos y de diputados del Parlamento Europeo británicos preocupados por el uso de una tecnología de publicidad basada en el comportamiento llamada «Phorm» por los proveedores de servicios de Internet en el Reino Unido. La tecnología Phorm funciona mediante un análisis permanente de la navegación en Internet de los clientes para determinar los intereses de los usuarios y someterles una publicidad específica cuando visitan determinados sitios de Internet. En abril de 2008, el operador de telefonía fija británico, BT, admitió haber probado Phorm en 2006 y 2007 sin informar previamente a los clientes afectados. BT llevó a cabo una nueva prueba de esta tecnología, esta vez con invitación, en octubre-diciembre de 2008. Las pruebas de BT dieron pie a varias denuncias a la autoridad británica de protección de datos (Information Commissioner Office, ICO) y a la policía británica. La Comisión ha escrito varias cartas a las autoridades británicas desde julio de 2008 preguntándoles cómo han aplicado las leyes comunitarias pertinentes en el asunto Phorm. Tras analizar las respuestas recibidas, la Comisión teme que existen problemas estructurales en la manera en que el Reino Unido ha aplicado las normas comunitarias que garantizan la confidencialidad de las comunicaciones. Según el Derecho británico, que hace cumplir la policía británica, la interceptación de comunicaciones es un delito, pero éste se limita únicamente a los casos de interceptación «deliberada». Por otra parte, según la misma legislación, también se considera que la interceptación es legal cuando el interceptor tiene «motivos fundamentados para creer» que se ha consentido la interceptación. La Comisión teme también que el Reino Unido no dispone de una autoridad nacional de control independiente que se ocupe de estas interceptaciones. El Reino Unido tiene dos meses para responder a esta primera etapa de un procedimiento de infracción, el escrito de requerimiento enviado hoy. Si la Comisión no recibe ninguna respuesta, o si las observaciones presentadas por el Reino Unido no son satisfactorias, la Comisión puede decidir emitir un dictamen motivado (segunda etapa del procedimiento de infracción). Si el Reino Unido sigue entonces sin cumplir con sus obligaciones de conformidad con el Derecho comunitario, la Comisión someterá el asunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Antecedentes La Directiva de la UE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas contempla que los Estados miembros de la UE garanticen la confidencialidad de las comunicaciones y de los datos de tráfico asociados a ellas, prohibiendo la interceptación y la vigilancia ilegales salvo consentimiento expreso de los usuarios interesados (artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE). La Directiva comunitaria sobre la protección de los datos especifica que el consentimiento del usuario debe ser una «manifestación de voluntad, libre, específica e informada» (artículo 2, letra h), de la Directiva 95/46/CE). Además, el artículo 24 de esta misma Directiva dispone que los Estados miembros deben establecer sanciones apropiadas en caso de infracción y el artículo 28, que autoridades independientes deben encargarse de vigilar su aplicación. Estas disposiciones de la Directiva sobre la protección de los datos también se aplican al ámbito de la confidencialidad de las comunicaciones. Un panorama detallado de los procedimientos de infracción en materia de telecomunicaciones se puede consultar en: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/